Laura Sarabia es una politóloga, 29 años, de la que los colombianos no conocían nada hasta mayo de 2023. Sarabia fue la asistente de Petro durante la campaña, y desde entonces se volvió imprescindible para él. Antes de ese trabajo, había sido la asistente del cuestionado congresista ex uribista Armando Benedetti, mano derecha de Petro durante la campaña. Así que su experiencia laboral se limitaba a ser asistente de un parlamentario investigado por la justicia y asistente del candidato y luego, presidente Petro.

El nombre de Laura Sarabia estalló en los titulares a raíz del escándalo de las maletas con dinero, el polígrafo, las interceptaciones ilegales, las revelaciones de Benedetti, el clan Torres. Para un lector extranjero u olvidadizo, los hechos se pueden resumir muy sintéticamente en un párrafo:

La campaña electoral de Gustavo Petro tuvo exceso de topes y gastos no declarados (investigaciones periodísticas, y de la Procuraduría, así lo han dicho). Muy posiblemente, además, hubo infiltración de dineros del narcotráfico (una parte de estos dineros fueron apropiados por Nicolás Petro, hijo del presidente y baluarte de su campaña electoral en la Costa Atlántica). Adicionalmente, y siendo ya presidente Petro, hubo una serie de movimientos con maletas de dinero en el apartamento de Laura Sarabia. Una parte de ese dinero desapareció. Para buscarlo, y por fuera de la legalidad, policías se prestaron para realizar “chuzadas” y pruebas de polígrafo. En mayo de 2023, furioso porque no le dan el puesto de superministro que quiere, y porque su ex asesora está ahora más cerca de Petro que él, Benedetti filtra conversaciones que lo incriminan a él, a Petro y a Sarabia (“Yo hice 100 reuniones, yo conseguí 15 mil millones de pesos, es más, si no es por mí, no gana”, dijo Benedetti).

Todo esto sería un escándalo de exceso de topes de campaña, infiltración de dineros del narco, políticos que cobran favores, chuzadas ilegales… en suma, los escándalos habituales, si no hubiera un elemento adicional, mucho más oscuro y más grave: la muerte del coronel de la Policía que estaba en el centro de las chuzadas. El coronel Dávila murió dos días después del allanamiento hecho por la Fiscalía a sus oficinas. El coronel apareció muerto –“suicidio”, escribió Petro el 10 de junio a las pocas horas del crimen, antes de que hubiera alguna experticia legal. Un mes después, la Fiscalía, en una rueda de prensa surrealista, cerró el caso diciendo que era un “suicidio”.

¿Quién se iba a imaginar que los principales protagonistas de este escándalo estén, cuatro meses después, tranquilos y orondos, que al coronel muerto en extrañas circunstancias le estén echando la culpa de todo, y que la principal implicada haya sido llamada por el presidente Petro para dirigir la institución que maneja uno de los presupuestos más abultados del Estado?

Solo en sociedades con niveles de tolerancia elevada hacia la muerte, la corrupción, las mafias, los dineros oscuros, solo en una sociedad con pocos contrapoderes, algo así sucede. En países así, los políticos y las instituciones son cara dura, no tienen empacho en no rendir cuentas (y recuerdo acá que la Fiscalía nunca respondió a las preguntas que muchos nos hacemos sobre la muerte del coronel Dávila). 

Un gobierno que acostumbra a sus ciudadanos a que los principios éticos aplican para vigilar a mi rival pero no a mí, no es un gobierno fiable, y además, es un gobierno que no le hace bien al país. Colombia requiere restablecer parámetros de lo que es grave y lo que no, lo que es admisible y lo que no, en vez de aplicar el “todo vale”, o el relativismo moral. Por eso, en un nivel estrictamente moral, el nombramiento de Laura Sarabia es inadmisible.

Ahora bien, se puede argumentar que la moral no interesa cuando se trata de eficacia política. Es un argumento que tiene peso. Dicho en otras palabras: Laura Sarabia podría ser sospechosa en el caso chuzadas/coronel, pero si es una persona indispensable para el buen funcionamiento institucional de Colombia, el nombramiento no se cuestiona.

Examinemos este postulado tipo real politik. Vamos por pasos: ya muchos han señalado que Sarabia no tiene ni la experiencia ni las calificaciones para ese cargo, que manejará un presupuesto de casi seis billones de pesos. ¿Acaso no existen profesionales más calificados para ejercer esos cargos? ¿Tienen algo que decir las escuelas de administración pública? Recordemos las promesas de campaña: una moralización de la vida pública, una convocatoria a doctores para vincularlos a la tarea de manejar el Estado. ¿Todo eso fue propaganda, discursos vacuos? ¿Por qué se empecina Petro en nombrar a alguien que sabe será cuestionada, y le dará más leña a la oposición? ¿O acaso cree Petro que basta con buenas intenciones para manejar instituciones peso pesado? Así que, en el nivel de la competencia, este nombramiento también se raja. 

Pero hay algo más grave: la experiencia reciente en Colombia muestra que los nombramientos de personas con cuestionamientos morales se devuelven como un búmeran. La corrupción, el bloqueo institucional, los robos al erario público se originan en gran medida en el hecho de que las personas que conocen secretos, o que hicieron aportes, siempre cobran. Muchos escándalos no llegan a estallar del todo, no sale la pus (como salió con Benedetti y sus tragos), porque hay un cruce de intereses, versiones, y sobre todo de silencios que se compran con dinero y más favores y nombramientos. Es una mentalidad de tipo mafiosa, que permea todo el aparato institucional. Todos los que “coronan” están pendientes de cobrar algo. ¿Y quién paga por ello? Los colombianos: nosotros, nuestros impuestos, para pagar los silencios y los favores. Y pagamos también colectivamente: se hunde más nuestro proyecto como sociedad, se refuerza más el individualismo, el todo vale, el nulo interés por la verdadera política, la que transforma y enaltece, se pudren más las instituciones. Por eso, el costo de nombrar a personas con cuestionamientos morales se traduce en más ineficacia, corrupción y líos a futuro.