Después de años de impunidad, se han dado nuevos avances en el caso de Odebrecht. Pero no en Colombia: ¿Por qué nos hemos quedado tan atrás en conocer la verdad y en castigar a los culpables?
Por: Juan Castro | Agosto12, 2023 |
Que caiga quien tenga que caer
No hay duda: el escándalo de corrupción de Odebrecht ha sido el más grave de la historia reciente de Colombia.
Pero a pesar de las impresionantes revelaciones conocidas en los últimos días en relación con el entramado criminal en Estados Unidos, el escándalo parece estar lejos de acabarse. Colombia debe trazarse una meta: conocer la verdad de todo, caiga quien caiga. Mientras tanto sería necesario
- Establecer legalmente la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia y, ante todo,
- Proteger decididamente a quienes denuncian la corrupción.
El papel del Grupo Aval
La decisión conjunta del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) frente al Grupo Aval y Corficolombiana despertó súbitamente a un país que parecía dormido ante el caso Odebrecht.
Otra vez, sin embargo, nos han hecho recordar que son las autoridades de Estados Unidos —no las de Colombia— quienes logran avances claros y resultados contundentes.
La gravedad de todos estos hechos explica por qué el país siente que no se ha hecho justicia. El discutible y discutido papel que ha tenido la Fiscalía a lo largo de tantos años alimenta esa sensación
Aunque pasaron varios años de indagaciones, era de esperar que el Grupo Aval y Corficolombiana buscaran algún acuerdo con las autoridades norteamericanas para evitar el daño catastrófico que habría resultado, por ejemplo, de imputaciones penales directas contras los dueños y mandos superiores del grupo o de la empresa.
Este es el camino que han seguido muchas multinacionales renombradas que, al ser descubiertas en operaciones corruptas alrededor del mundo, han preferido llegar a este tipo de acuerdos. Un ejemplo fue Glencore, para nombrar apenas un caso reciente.
Terremoto en Colombia
Ese mecanismo contemplado en el sistema judicial de Estados Unidos produjo movimientos sísmicos en las instituciones y la política colombianas.
Y no es para menos. Recordar los detalles del caso Odebrecht es recordar que durante muchos años ha pasado de todo en Colombia: financiación ilegal de campañas presidenciales, sobornos multimillonarios a diestra y siniestra para amarrar contratos de infraestructura, arreglos anticompetitivos entre empresas de gran reputación, puertas giratorias entre ministerios, gremios, gerencias — e inclusive Fiscalía—, conflictos de intereses entre empresarios y estructuradores de proyectos.
A lo anterior hay que agregar la muerte sospechosa de Jorge Enrique Pizano, el Controller de la Ruta del Sol 2, que había documentado las operaciones irregulares del consorcio; obras inconclusas o mal terminadas a lo largo y ancho del país; laudo de tribunal de arbitramento, acción popular y decisiones de altos tribunales; y cobro de impuestos sobre los sobornos pagados. Esto entre las muchas aristas de este caso interminable, que lo convierten en el escándalo de corrupción más grave de la historia reciente de Colombia.
La gravedad de todos estos hechos explica por qué el país siente que no se ha hecho justicia. El discutible y discutido papel que ha tenido la Fiscalía a lo largo de tantos años alimenta esa sensación, pese a los esfuerzos del ente investigador para lograr condenas de personajes que —sin embargo— son o se han denominado de “segunda categoría”.
La diferencia entre Perú y Colombia
Ante esta realidad, el país tendría que trazarse una meta: conocer toda la verdad, caiga quien caiga. La frase suena gastada, pero es un norte que, años atrás guío, por ejemplo, a José Ugaz, Procurador Ad Hoc del caso Fujimori-Montesinos en Perú, para destapar y llevar a la justicia al extenso entramado de políticos, empresarios, medios de comunicación y múltiples sujetos que conformaban una de las peores redes de corrupción de la historia latinoamericana.
La referencia al Perú no es casual. Ese país decidió aceptar la condición de no perseguir en su territorio a funcionarios de Odebrecht a cambio de recibir de la justicia brasileña toda la verdad sobre la operación corrupta que la empresa construyó allí, llegando incluso a niveles presidenciales.
Esta posición ha marcado una gran diferencia entre el avance de las investigaciones sobre el caso Odebrecht en Perú y en otros muchos otros países latinoamericanos que se negaron a aceptar dicha condición desde 2017.
Colombia fue uno de los que no aceptó esa condición… y por eso el camino de la investigación ha sido mucho más complicado. Lo que en su momento parecía un “sapo imposible de tragar” por la impunidad que implicaba, parece hoy una necesidad para llegar al fondo del asunto, sea cual sea la indignación que merece.
En este escenario, imputar cargos a exdirectivos de Odebrecht en Colombia, tal como lo ha anunciado recientemente la Fiscalía, parece cerrar aún más esa posibilidad.
Las opciones de Colombia
El presidente Petro anunció que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.
Esto podría tener sentido en tanto se demuestre judicialmente que los contratos se lograron gracias a prácticas corruptas y, por lo tanto, considerar esos hechos como una causal de nulidad de los mismos.
Necesitamos proteger, estimular y premiar socialmente a quienes se atreven a destapar poderosas redes corruptas.
Mientras tanto, como dije en un comienzo, Colombia debería aprovechar esta historia lamentable para avanzar en, por lo menos, dos medidas:
- Establecer la responsabilidad penal de las empresas por casos de corrupción.
Actualmente, las investigaciones y sanciones de delitos asociados con hechos de corrupción tienen efecto sobre las personas naturales involucradas, o sea que no hay efectos penales para la persona jurídica de las empresas o conglomerados empresariales en las cuales participaron dichas personas[1].
Así, en casos como el de Corficolombiana y el Grupo Aval, en Colombia se puede lograr la sanción penal de un exdirectivo —como ha sido el caso de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana— pero no sanciones severas para la empresa o el grupo como tal.
El miedo a los efectos de una sanción penal severa para el conglomerado empresarial es justamente el incentivo de las empresas involucradas en operaciones corruptas para firmar acuerdos con el DOJ o con la SEC: con esto evitan o difieren la acusación ante penal ante la justicia norteamericana. En otras palabras, cesar la investigación a cambio de pagar multas multimillonarias y seguir colaborando con la justicia.
- Protección integral y efectiva de las personas que denuncian actos de corrupción. El caso de Jorge Enrique Pizano ilustra con claridad la condición de vulnerabilidad de quienes se atreven a reportar operaciones irregulares de actores de mucho peso político y económico en Colombia.
Hay por supuesto que garantizar la vida de estas personas, así como su estabilidad laboral, pero también se necesitan medidas para evitar el rechazo social que todavía sigue viendo al denunciante como si fuera un “sapo” o un traidor. Necesitamos proteger, estimular y premiar socialmente a quienes se atreven a destapar poderosas redes corruptas. De otra manera será imposible triunfar en la lucha contra la corrupción.
[1] En Colombia, las personas jurídicas solo pueden recibir sanciones administrativas, como multas e inhabilidades que, no obstante, no parecen ser suficientes.